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Publicado previamente en http://mejoresgobiernos.com/2018/05/05/la-racionalidad-de-las-licencias-de-funcionamiento-municipal-en-mexico/

El proceso de apertura de empresas en México ha sido ampliamente documentado por el Banco Mundial a través del estudio denominado “Doing Business[1] en México” desde el año 2007. En su edición de 2016, el estudio señala que para abrir una empresa en México se requieren en promedio 8 trámites (federales, estatales y municipales desde un marco regulatorio concurrente), toma 14.6 días y supone un desembolso del 11.4% del ingreso per capita. El estudio afirma que abrir una empresa en México es más rápido y menos costoso en comparación con el promedio de los países latinoamericanos toda vez que el proceso en México es 20 días más rápido y cuesta un 40% menos. Sin embargo, en comparación con el promedio de los países de altos ingresos de la OCDE, es casi 2 veces más lento, requiere el doble de trámites y cuesta 3.5 veces más[2].

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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018

A los miembros del Senado de la República
Presente

Me refiero al Dictamen de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aprobado el 6 de marzo de 2018, y el cual ha sido turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la que suscribe la presente, reconoce los esfuerzos de las instituciones mexicanas para la aprobación de la reforma constitucional y la expedición de una Ley General en materia Mejora Regulatoria.

La reforma del artículo 25 constitucional, realizada el 5 de febrero de 2017, en la que se obliga a las instituciones del Estado a implementar medidas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, es un ACIERTO de las instituciones mexicanas, ya que permitirá establecer las bases para hacer más eficiente la relación entre los ciudadanos y el Estado, y coadyuvará a racionalizar la emisión de regulaciones y la efectividad de las Políticas Públicas de todos los niveles de Gobierno. La Ley General de Mejora Regulatoria es una reforma que presenta dimensiones de gran envergadura, de ahí la importancia de su discusión y análisis.

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