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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018

A los miembros del Senado de la República
Presente

Me refiero al Dictamen de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aprobado el 6 de marzo de 2018, y el cual ha sido turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la que suscribe la presente, reconoce los esfuerzos de las instituciones mexicanas para la aprobación de la reforma constitucional y la expedición de una Ley General en materia Mejora Regulatoria.

La reforma del artículo 25 constitucional, realizada el 5 de febrero de 2017, en la que se obliga a las instituciones del Estado a implementar medidas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, es un ACIERTO de las instituciones mexicanas, ya que permitirá establecer las bases para hacer más eficiente la relación entre los ciudadanos y el Estado, y coadyuvará a racionalizar la emisión de regulaciones y la efectividad de las Políticas Públicas de todos los niveles de Gobierno. La Ley General de Mejora Regulatoria es una reforma que presenta dimensiones de gran envergadura, de ahí la importancia de su discusión y análisis.

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El 3 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México dio a conocer los resultados de la Primera edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). El objetivo de esta encuesta, de acuerdo con lo establecido en el sitio web del INEGI es:

 

“Generar información con representatividad nacional, por entidad federativa y en municipios estratégicos, referente a las experiencias y percepción de las unidades económicas del sector privado sobre los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen las unidades económicas ya establecidas o que se quieren establecer en México, el impacto de los trámites, pagos, solicitudes e inspecciones que exigen o aplican los diferentes ámbitos de gobierno, con énfasis en la posible presencia de actos de corrupción para la realización de los mismos, así como la existencia y calidad de la infraestructura pública que ofrecen los gobiernos para un buen ambiente de negocios”.

Asimismo, se “busca identificar los elementos que inciden en su productividad, desarrollo y competitividad, así como los problemas que enfrentan estas unidades económicas y los mecanismos de resolución de conflictos en el marco de la Justicia Cotidiana”. 

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Artículo publicado en el Diario El Peruano, el 05 de setiembre de 2017.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la  OCDE- (1) para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley.

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanzas institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria deben ser utilizados, ate todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son material de regulación o supervisión. Por ello, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendado a escala internacional que las entidades públicas estén equipadas:

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