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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió a inicios de diciembre de 2016 el perfil de Perú sobre los indicadores en materia de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG) con data a diciembre de 2015.

Los indicadores evalúan los siguientes cuatro rubros que debe cumplir el país: (i) existencia de una política regulatoria y el establecimiento de un órgano de supervisión de la calidad regulatoria; (ii) mecanismos de consulta pública; (iii) utilización del análisis de impacto regulatorio ex ante; y (iv) uso de la evaluación regulatoria ex post. Asimismo, estos indicadores se derivan de los principios recogidos en las Recomendaciones de la OCDE sobre Política Regulatoria y Gobernanza de 2012.

A continuación presentamos una síntesis de las principales conclusiones que arroja el análisis de la OCDE en cada uno de estos indicadores. Asimismo, mencionaremos el status a la fecha con la información disponible:

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El 30 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, en cuyo marco se incorpora disposiciones que obligan a las Entidades del Poder Ejecutivo a realizar un Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de todas las disposiciones normativas de alcance general.

A continuación presentamos una síntesis de las principales disposiciones contenidas en dicha norma referidas exclusivamente al ACR:

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El 17 de agosto de 2016 se presentó oficialmente en la ciudad de Lima el Estudio sobre Política Regulatoria de Perú elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE (“Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality), el cual constituye uno de los Estudios cuya elaboración se encargó a dicha organización internacional en el marco del Programa País[1].

Como antecedente relevante, cabe indicar que en la 14° sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, llevada a cabo en París el 14 de abril de 2016 (14th Meeting of the Regulatory Policy Committee – RPC), se presentó el reporte elaborado por la OCDE conteniendo la evaluación y conclusiones sobre la Política Regulatoria de Perú (“Regulatory Policy Review of Peru”). La presentación estuvo a cargo de los “peer reviewers” seleccionados por la OCDE en coordinación con el gobierno peruano, provenientes de Estados Unidos (Nathan Frey), México (Eduardo Romero) y Australia (Tony Simovski), así como de funcionarios de la organización. Este reporte finalmente ha sido el insumo para la elaboración del referido Estudio.

El Estudio[2]  evalúa las políticas, instituciones y herramientas utilizadas por el gobierno peruano para diseñar, implementar y ejecutar regulaciones (normas y decisiones regulatorias de tipo social, administrativa o económica en general). Esto incluye, la evaluación de las herramientas de evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, políticas de simplificación administrativa, políticas de inspecciones y enforcement, las prácticas de consulta pública, la gobernanza regulatoria en los gobiernos subnacionales y la gobernanza de los reguladores independientes. Asimismo, el Estudio proporciona recomendaciones de política para fortalecer la capacidad del gobierno para una adecuada gestión de la política regulatoria, de tal forma que se generen mejoras en la calidad de las regulaciones en los tres niveles de gobierno, acorde con las mejores prácticas internacionales. 

En ese contexto, el Estudio tiene siete capítulos. Los seis primeros incluyen la evaluación y recomendaciones de política que se hacen a las entidades públicas del gobierno central y subnacional, mientras que el último capítulo contiene la evaluación y recomendaciones aplicables únicamente a los reguladores económicos (OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS y OSITRAN).

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