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Artículo publicado en el Diario El Peruano, el 05 de setiembre de 2017.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la  OCDE- (1) para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley.

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanzas institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria deben ser utilizados, ate todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son material de regulación o supervisión. Por ello, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendado a escala internacional que las entidades públicas estén equipadas:

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La evaluación ex-post es un paso crucial y esencial del ciclo regulatorio dado que tiene como meta determinar si el marco regulatorio vigente ha cumplido con los objetivos trazados, si la ley o la regulación fue eficiente y eficaz en su implementación y en qué medida los impactos esperados y no esperados de la intervención regulatoria se atendieron adecuadamente al concebir el instrumento regulatorio.

Bronfman[1] señala que la evaluación ex post puede preverse en el propio texto de la ley u organizarse a partir de iniciativas de revisión. Así, comenta que en los Estados Unidos se utiliza desde 1976 la técnica de cláusulas de expiración o revisión automática, o también conocidas como sunset laws o sunset provisions, disposiciones que pierden vigor en un plazo predefinido en la propia ley y que, por esta razón, obligan a su evaluación si se pretender renovar o extender su vigencia.

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Regulatory Impact Analysis (RIA) is also called Regulatory Impact Evaluation or Regulatory Impact Assessment. In Mexico, formally, it is known as Regulatory Impact Statement (MIR, for its acronym in Spanish), and in other Latin American countries that initiated its adoption or implementation, like Colombia, has been called “Normative Impact Analysis”.

The RIA is a tool that has been widely disseminated by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) over the past two decades, the OECD has proposed to use it systematically, from the early stages of the regulations elaboration.

To comply with this, the OECD has provided the basic principles of the RIA in some documents, giving to the member and non-member countries the opportunity to decide freely their own rules, based on the vision and priorities of its Regulatory Reform Policy, regarding the degree, depth and scope of the analysis, as well as the type of regulatory proposals that should be subject to an RIA.

OECD defines the RIA as a process of analysis to examine and measure the likely benefits, costs and effects of new or existing regulation. It is also conceptualized as an analytical report that helps governments to take decisions on public issues.

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