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La Alianza del Pacífico es un tratado de libre comercio entre Chile, Colombia, México y Perú. En términos económicos, la Alianza del Pacífico representa un mercado de 225 millones de personas, concentra el 39% del PIB de América Latina y el Caribe, el 45% de la inversión extranjera directa y el 52% del comercio total de la región. De acuerdo con información disponible en su sitio web, la Alianza del Pacífico es la séptima economía mundial y se proyecta para el 2020 como la quinta.[1]

Los países de la Alianza han manifestado que buscan generar una integración profunda de la región basada en cinco pilares: libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como cooperación. Los Gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú buscan convertirse en una plataforma de articulación e integración económica y comercial de proyección mundial, con énfasis especial hacia la región Asia-Pacífico. De acuerdo con PricewaterhouseCoopers[2], las industrias que se consideran motor de crecimiento para la Alianza del Pacífico son: Infraestructura, Minería, Sector Financiero, Salud, Energía, Automotriz, Detallistas y Productos de Consumo.

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La Política de Mejora Regulatoria es un conjunto de instituciones y herramientas que un Estado crea con el objeto de diseñar regulaciones de calidad y basadas en la evidencia. Por su parte, las regulaciones son un tipo de Política Pública, a través de la cual un Estado establece las “reglas del juego” para llevar a cabo una determinada actividad o, en general, para coexistir en sociedad.

Las regulaciones toman gran relevancia en el desempeño económico y social de un país porque ordenan los mercados y las conductas de los individuos, buscan salvaguardar el interés público y a través de éstas se adoptan teorías económicas, filosofías y, en general, visiones del mundo, para incrementar el bienestar de la sociedad, desde todas sus perspectivas. En concreto, las regulaciones son instrumentos de carácter jurídico y en ocasiones de también de carácter técnico, que implican obligaciones, facultades, beneficios, y/o restricciones a los particulares (empresas y ciudadanos).

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió a inicios de diciembre de 2016 el perfil de Perú sobre los indicadores en materia de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG) con data a diciembre de 2015.

Los indicadores evalúan los siguientes cuatro rubros que debe cumplir el país: (i) existencia de una política regulatoria y el establecimiento de un órgano de supervisión de la calidad regulatoria; (ii) mecanismos de consulta pública; (iii) utilización del análisis de impacto regulatorio ex ante; y (iv) uso de la evaluación regulatoria ex post. Asimismo, estos indicadores se derivan de los principios recogidos en las Recomendaciones de la OCDE sobre Política Regulatoria y Gobernanza de 2012.

A continuación presentamos una síntesis de las principales conclusiones que arroja el análisis de la OCDE en cada uno de estos indicadores. Asimismo, mencionaremos el status a la fecha con la información disponible:

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