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I. Antecedentes

Con fecha 09 de octubre de 2017, el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista María Úrsula Letona Pereyra, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto Ley N° 1988/2017-CR denominado “Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la Implementación de una Política de Mejora de la Calidad Regulatoria en Perú” (en adelante, el Proyecto de Ley).

Con fecha 11 de octubre de 2017, se derivó el Proyecto de Ley a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso, a efecto de que emita dictamen.

En tal sentido, el presente documento tiene como objeto emitir comentarios al Proyecto de Ley en general, y al articulado de manera particular, con miras a que puedan ser tomados en consideración por la Comisión dictaminadora.

El 3 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México dio a conocer los resultados de la Primera edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). El objetivo de esta encuesta, de acuerdo con lo establecido en el sitio web del INEGI es:

 

“Generar información con representatividad nacional, por entidad federativa y en municipios estratégicos, referente a las experiencias y percepción de las unidades económicas del sector privado sobre los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen las unidades económicas ya establecidas o que se quieren establecer en México, el impacto de los trámites, pagos, solicitudes e inspecciones que exigen o aplican los diferentes ámbitos de gobierno, con énfasis en la posible presencia de actos de corrupción para la realización de los mismos, así como la existencia y calidad de la infraestructura pública que ofrecen los gobiernos para un buen ambiente de negocios”.

Asimismo, se “busca identificar los elementos que inciden en su productividad, desarrollo y competitividad, así como los problemas que enfrentan estas unidades económicas y los mecanismos de resolución de conflictos en el marco de la Justicia Cotidiana”. 

08 Septiembre

La calidad regulatoria

Publicado en Blog

Artículo publicado en el Diario El Peruano, el 05 de setiembre de 2017.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la  OCDE- (1) para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley.

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanzas institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria deben ser utilizados, ate todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son material de regulación o supervisión. Por ello, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendado a escala internacional que las entidades públicas estén equipadas:

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El Análisis de Impacto Regulatorio, es llamado también Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) o RIA por sus siglas en inglés (Regulatory Impact Assessment). En México, formalmente se le conoce como Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), y en otros países de América Latina que inician su adopción o implementación, como Colombia, le han llamado Análisis de Impacto Normativo. 

La RIA es una herramienta que ha sido ampliamente difundida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en las últimas dos décadas. La OCDE ha propuesto que el RIA sea utilizado de manera sistemática, desde las primeras etapas de la elaboración de las regulaciones.

Para tal efecto, la OCDE ha enunciado, en diversos documentos, los principios básicos del RIA, dejando en libertad, a los países miembros y no miembros, de decidir, con base en la visión y prioridades de su Política de Reforma Regulatoria, el grado de profundidad y el alcance del análisis, así como el tipo de propuestas regulatorias que debieran estar sujetas a un RIA.  

La OCDE define el RIA como un proceso de análisis para examinar y medir, ex ante, los beneficios, costos y posibles efectos de la regulación nueva o existente. Asimismo, lo conceptualiza como un informe analítico que ayuda a los gobiernos a tomar decisiones sobre problemas públicos.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la OCDE-[1], para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley[2].

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanza institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria, deben ser utilizados, ante todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son materia de regulación o supervisión. Es por ello que, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendando a nivel internacional, que las entidades públicas estén equipadas:

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