Publicado previamente en http://mejoresgobiernos.com/2018/05/05/la-racionalidad-de-las-licencias-de-funcionamiento-municipal-en-mexico/

El proceso de apertura de empresas en México ha sido ampliamente documentado por el Banco Mundial a través del estudio denominado “Doing Business[1] en México” desde el año 2007. En su edición de 2016, el estudio señala que para abrir una empresa en México se requieren en promedio 8 trámites (federales, estatales y municipales desde un marco regulatorio concurrente), toma 14.6 días y supone un desembolso del 11.4% del ingreso per capita. El estudio afirma que abrir una empresa en México es más rápido y menos costoso en comparación con el promedio de los países latinoamericanos toda vez que el proceso en México es 20 días más rápido y cuesta un 40% menos. Sin embargo, en comparación con el promedio de los países de altos ingresos de la OCDE, es casi 2 veces más lento, requiere el doble de trámites y cuesta 3.5 veces más[2].

En México hemos trabajado la Mejora Regulatoria de manera formal e institucional desde hace 17 años. Los trabajos se han centrado, principal y obligatoriamente, en el análisis de los proyectos regulatorios que buscan emitir las dependencias del Gobierno Federal. Mientras que, para los Gobiernos Locales (Entidades Federativas y municipios), los trabajos realizados han sido de carácter voluntario e incentivados por los resultados del Doing Business Subnacional, más que por una obligación establecida en la Ley. El resto de las entidades del Estado Mexicano (Poder Judicial, Poder Legislativo, Organismos Autónomos, Empresas de participación estatal y Fideicomisos) han estado exentos de emprender acciones de Mejora Regulatoria desde sus competencias.

La Ley que ha resguardado la Política de Mejora Regulatoria en México desde el año 2000 hasta la fecha ha sido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), en su Título Tercero A, denominado “De la Mejora Regulatoria”. Asimismo, el Organismo que ha fungido como supervisor de la regulación federal y promotor de la política, ha sido la Comisión Federal Mejora Regulatoria (COFEMER) órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa.