Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018

A los miembros del Senado de la República
Presente

Me refiero al Dictamen de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aprobado el 6 de marzo de 2018, y el cual ha sido turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la que suscribe la presente, reconoce los esfuerzos de las instituciones mexicanas para la aprobación de la reforma constitucional y la expedición de una Ley General en materia Mejora Regulatoria.

La reforma del artículo 25 constitucional, realizada el 5 de febrero de 2017, en la que se obliga a las instituciones del Estado a implementar medidas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, es un ACIERTO de las instituciones mexicanas, ya que permitirá establecer las bases para hacer más eficiente la relación entre los ciudadanos y el Estado, y coadyuvará a racionalizar la emisión de regulaciones y la efectividad de las Políticas Públicas de todos los niveles de Gobierno. La Ley General de Mejora Regulatoria es una reforma que presenta dimensiones de gran envergadura, de ahí la importancia de su discusión y análisis.

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I. Antecedentes

Con fecha 09 de octubre de 2017, el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista María Úrsula Letona Pereyra, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto Ley N° 1988/2017-CR denominado “Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la Implementación de una Política de Mejora de la Calidad Regulatoria en Perú” (en adelante, el Proyecto de Ley).

Con fecha 11 de octubre de 2017, se derivó el Proyecto de Ley a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso, a efecto de que emita dictamen.

En tal sentido, el presente documento tiene como objeto emitir comentarios al Proyecto de Ley en general, y al articulado de manera particular, con miras a que puedan ser tomados en consideración por la Comisión dictaminadora.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la OCDE-[1], para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley[2].

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanza institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria, deben ser utilizados, ante todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son materia de regulación o supervisión. Es por ello que, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendando a nivel internacional, que las entidades públicas estén equipadas:

En México hemos trabajado la Mejora Regulatoria de manera formal e institucional desde hace 17 años. Los trabajos se han centrado, principal y obligatoriamente, en el análisis de los proyectos regulatorios que buscan emitir las dependencias del Gobierno Federal. Mientras que, para los Gobiernos Locales (Entidades Federativas y municipios), los trabajos realizados han sido de carácter voluntario e incentivados por los resultados del Doing Business Subnacional, más que por una obligación establecida en la Ley. El resto de las entidades del Estado Mexicano (Poder Judicial, Poder Legislativo, Organismos Autónomos, Empresas de participación estatal y Fideicomisos) han estado exentos de emprender acciones de Mejora Regulatoria desde sus competencias.

La Ley que ha resguardado la Política de Mejora Regulatoria en México desde el año 2000 hasta la fecha ha sido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), en su Título Tercero A, denominado “De la Mejora Regulatoria”. Asimismo, el Organismo que ha fungido como supervisor de la regulación federal y promotor de la política, ha sido la Comisión Federal Mejora Regulatoria (COFEMER) órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa.

 

Una de las actividades o funciones que los ciudadanos reconocen como una actividad propia de las instituciones públicas, y por la que éstos juzgan la eficiencia de un gobierno, son los trámites.

Los trámites se conciben como obligaciones de información que el gobierno impone a los ciudadanos, empresas, y organizaciones sociales (particulares o regulados) y representan cargas de tipo administrativo, ya que se refieren a actividades de recopilación y entrega de documentos (papeleo) para solicitudes (de permisos, licencias, subsidios, etc.), generación de reportes, llenado de formularios, avisos o notificaciones, pagos, entre otras.

A estas actividades, los particulares deben dedicar tiempo para recopilar, generar y entregar la información requerida por las oficinas gubernamentales; ello con el fin de obtener un beneficio o servicio, cumplir con una obligación establecida en alguna normatividad, o bien para obtener cualquier resolución.

 

La Alianza del Pacífico es un tratado de libre comercio entre Chile, Colombia, México y Perú. En términos económicos, la Alianza del Pacífico representa un mercado de 225 millones de personas, concentra el 39% del PIB de América Latina y el Caribe, el 45% de la inversión extranjera directa y el 52% del comercio total de la región. De acuerdo con información disponible en su sitio web, la Alianza del Pacífico es la séptima economía mundial y se proyecta para el 2020 como la quinta.[1]

Los países de la Alianza han manifestado que buscan generar una integración profunda de la región basada en cinco pilares: libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como cooperación. Los Gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú buscan convertirse en una plataforma de articulación e integración económica y comercial de proyección mundial, con énfasis especial hacia la región Asia-Pacífico. De acuerdo con PricewaterhouseCoopers[2], las industrias que se consideran motor de crecimiento para la Alianza del Pacífico son: Infraestructura, Minería, Sector Financiero, Salud, Energía, Automotriz, Detallistas y Productos de Consumo.

La Política de Mejora Regulatoria es un conjunto de instituciones y herramientas que un Estado crea con el objeto de diseñar regulaciones de calidad y basadas en la evidencia. Por su parte, las regulaciones son un tipo de Política Pública, a través de la cual un Estado establece las “reglas del juego” para llevar a cabo una determinada actividad o, en general, para coexistir en sociedad.

Las regulaciones toman gran relevancia en el desempeño económico y social de un país porque ordenan los mercados y las conductas de los individuos, buscan salvaguardar el interés público y a través de éstas se adoptan teorías económicas, filosofías y, en general, visiones del mundo, para incrementar el bienestar de la sociedad, desde todas sus perspectivas. En concreto, las regulaciones son instrumentos de carácter jurídico y en ocasiones de también de carácter técnico, que implican obligaciones, facultades, beneficios, y/o restricciones a los particulares (empresas y ciudadanos).