I. Antecedentes

Con fecha 09 de octubre de 2017, el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista María Úrsula Letona Pereyra, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto Ley N° 1988/2017-CR denominado “Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la Implementación de una Política de Mejora de la Calidad Regulatoria en Perú” (en adelante, el Proyecto de Ley).

Con fecha 11 de octubre de 2017, se derivó el Proyecto de Ley a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso, a efecto de que emita dictamen.

En tal sentido, el presente documento tiene como objeto emitir comentarios al Proyecto de Ley en general, y al articulado de manera particular, con miras a que puedan ser tomados en consideración por la Comisión dictaminadora.

La evaluación ex-post es un paso crucial y esencial del ciclo regulatorio dado que tiene como meta determinar si el marco regulatorio vigente ha cumplido con los objetivos trazados, si la ley o la regulación fue eficiente y eficaz en su implementación y en qué medida los impactos esperados y no esperados de la intervención regulatoria se atendieron adecuadamente al concebir el instrumento regulatorio.

Bronfman[1] señala que la evaluación ex post puede preverse en el propio texto de la ley u organizarse a partir de iniciativas de revisión. Así, comenta que en los Estados Unidos se utiliza desde 1976 la técnica de cláusulas de expiración o revisión automática, o también conocidas como sunset laws o sunset provisions, disposiciones que pierden vigor en un plazo predefinido en la propia ley y que, por esta razón, obligan a su evaluación si se pretender renovar o extender su vigencia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió a inicios de diciembre de 2016 el perfil de Perú sobre los indicadores en materia de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG) con data a diciembre de 2015.

Los indicadores evalúan los siguientes cuatro rubros que debe cumplir el país: (i) existencia de una política regulatoria y el establecimiento de un órgano de supervisión de la calidad regulatoria; (ii) mecanismos de consulta pública; (iii) utilización del análisis de impacto regulatorio ex ante; y (iv) uso de la evaluación regulatoria ex post. Asimismo, estos indicadores se derivan de los principios recogidos en las Recomendaciones de la OCDE sobre Política Regulatoria y Gobernanza de 2012.

A continuación presentamos una síntesis de las principales conclusiones que arroja el análisis de la OCDE en cada uno de estos indicadores. Asimismo, mencionaremos el status a la fecha con la información disponible: