Fabiola Olivia Perales Fernández

El 3 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México dio a conocer los resultados de la Primera edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). El objetivo de esta encuesta, de acuerdo con lo establecido en el sitio web del INEGI es:

 

“Generar información con representatividad nacional, por entidad federativa y en municipios estratégicos, referente a las experiencias y percepción de las unidades económicas del sector privado sobre los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen las unidades económicas ya establecidas o que se quieren establecer en México, el impacto de los trámites, pagos, solicitudes e inspecciones que exigen o aplican los diferentes ámbitos de gobierno, con énfasis en la posible presencia de actos de corrupción para la realización de los mismos, así como la existencia y calidad de la infraestructura pública que ofrecen los gobiernos para un buen ambiente de negocios”.

Asimismo, se “busca identificar los elementos que inciden en su productividad, desarrollo y competitividad, así como los problemas que enfrentan estas unidades económicas y los mecanismos de resolución de conflictos en el marco de la Justicia Cotidiana”. 

El Análisis de Impacto Regulatorio, es llamado también Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) o RIA por sus siglas en inglés (Regulatory Impact Assessment). En México, formalmente se le conoce como Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), y en otros países de América Latina que inician su adopción o implementación, como Colombia, le han llamado Análisis de Impacto Normativo. 

La RIA es una herramienta que ha sido ampliamente difundida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en las últimas dos décadas. La OCDE ha propuesto que el RIA sea utilizado de manera sistemática, desde las primeras etapas de la elaboración de las regulaciones.

Para tal efecto, la OCDE ha enunciado, en diversos documentos, los principios básicos del RIA, dejando en libertad, a los países miembros y no miembros, de decidir, con base en la visión y prioridades de su Política de Reforma Regulatoria, el grado de profundidad y el alcance del análisis, así como el tipo de propuestas regulatorias que debieran estar sujetas a un RIA.  

La OCDE define el RIA como un proceso de análisis para examinar y medir, ex ante, los beneficios, costos y posibles efectos de la regulación nueva o existente. Asimismo, lo conceptualiza como un informe analítico que ayuda a los gobiernos a tomar decisiones sobre problemas públicos.

En México hemos trabajado la Mejora Regulatoria de manera formal e institucional desde hace 17 años. Los trabajos se han centrado, principal y obligatoriamente, en el análisis de los proyectos regulatorios que buscan emitir las dependencias del Gobierno Federal. Mientras que, para los Gobiernos Locales (Entidades Federativas y municipios), los trabajos realizados han sido de carácter voluntario e incentivados por los resultados del Doing Business Subnacional, más que por una obligación establecida en la Ley. El resto de las entidades del Estado Mexicano (Poder Judicial, Poder Legislativo, Organismos Autónomos, Empresas de participación estatal y Fideicomisos) han estado exentos de emprender acciones de Mejora Regulatoria desde sus competencias.

La Ley que ha resguardado la Política de Mejora Regulatoria en México desde el año 2000 hasta la fecha ha sido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), en su Título Tercero A, denominado “De la Mejora Regulatoria”. Asimismo, el Organismo que ha fungido como supervisor de la regulación federal y promotor de la política, ha sido la Comisión Federal Mejora Regulatoria (COFEMER) órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa.

 

Una de las actividades o funciones que los ciudadanos reconocen como una actividad propia de las instituciones públicas, y por la que éstos juzgan la eficiencia de un gobierno, son los trámites.

Los trámites se conciben como obligaciones de información que el gobierno impone a los ciudadanos, empresas, y organizaciones sociales (particulares o regulados) y representan cargas de tipo administrativo, ya que se refieren a actividades de recopilación y entrega de documentos (papeleo) para solicitudes (de permisos, licencias, subsidios, etc.), generación de reportes, llenado de formularios, avisos o notificaciones, pagos, entre otras.

A estas actividades, los particulares deben dedicar tiempo para recopilar, generar y entregar la información requerida por las oficinas gubernamentales; ello con el fin de obtener un beneficio o servicio, cumplir con una obligación establecida en alguna normatividad, o bien para obtener cualquier resolución.

 

La Alianza del Pacífico es un tratado de libre comercio entre Chile, Colombia, México y Perú. En términos económicos, la Alianza del Pacífico representa un mercado de 225 millones de personas, concentra el 39% del PIB de América Latina y el Caribe, el 45% de la inversión extranjera directa y el 52% del comercio total de la región. De acuerdo con información disponible en su sitio web, la Alianza del Pacífico es la séptima economía mundial y se proyecta para el 2020 como la quinta.[1]

Los países de la Alianza han manifestado que buscan generar una integración profunda de la región basada en cinco pilares: libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como cooperación. Los Gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú buscan convertirse en una plataforma de articulación e integración económica y comercial de proyección mundial, con énfasis especial hacia la región Asia-Pacífico. De acuerdo con PricewaterhouseCoopers[2], las industrias que se consideran motor de crecimiento para la Alianza del Pacífico son: Infraestructura, Minería, Sector Financiero, Salud, Energía, Automotriz, Detallistas y Productos de Consumo.

La Política de Mejora Regulatoria es un conjunto de instituciones y herramientas que un Estado crea con el objeto de diseñar regulaciones de calidad y basadas en la evidencia. Por su parte, las regulaciones son un tipo de Política Pública, a través de la cual un Estado establece las “reglas del juego” para llevar a cabo una determinada actividad o, en general, para coexistir en sociedad.

Las regulaciones toman gran relevancia en el desempeño económico y social de un país porque ordenan los mercados y las conductas de los individuos, buscan salvaguardar el interés público y a través de éstas se adoptan teorías económicas, filosofías y, en general, visiones del mundo, para incrementar el bienestar de la sociedad, desde todas sus perspectivas. En concreto, las regulaciones son instrumentos de carácter jurídico y en ocasiones de también de carácter técnico, que implican obligaciones, facultades, beneficios, y/o restricciones a los particulares (empresas y ciudadanos).