Jean Paul Calle Casusol

I. Antecedentes

Con fecha 09 de octubre de 2017, el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista María Úrsula Letona Pereyra, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto Ley N° 1988/2017-CR denominado “Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la Implementación de una Política de Mejora de la Calidad Regulatoria en Perú” (en adelante, el Proyecto de Ley).

Con fecha 11 de octubre de 2017, se derivó el Proyecto de Ley a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso, a efecto de que emita dictamen.

En tal sentido, el presente documento tiene como objeto emitir comentarios al Proyecto de Ley en general, y al articulado de manera particular, con miras a que puedan ser tomados en consideración por la Comisión dictaminadora.

Artículo publicado en el Diario El Peruano, el 05 de setiembre de 2017.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la  OCDE- (1) para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley.

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanzas institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria deben ser utilizados, ate todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son material de regulación o supervisión. Por ello, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendado a escala internacional que las entidades públicas estén equipadas:

Mediante Decreto Legislativo N° 12722 se modificó la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), introduciéndose dentro del Título IV, una regulación expresa sobre la Actividad Administrativa de Fiscalización.

Así, el artículo 237.1 del TUO de la LPAG define tal actividad como “… el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos”.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la OCDE-[1], para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley[2].

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanza institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria, deben ser utilizados, ante todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son materia de regulación o supervisión. Es por ello que, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendando a nivel internacional, que las entidades públicas estén equipadas:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió a inicios de diciembre de 2016 el perfil de Perú sobre los indicadores en materia de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG) con data a diciembre de 2015.

Los indicadores evalúan los siguientes cuatro rubros que debe cumplir el país: (i) existencia de una política regulatoria y el establecimiento de un órgano de supervisión de la calidad regulatoria; (ii) mecanismos de consulta pública; (iii) utilización del análisis de impacto regulatorio ex ante; y (iv) uso de la evaluación regulatoria ex post. Asimismo, estos indicadores se derivan de los principios recogidos en las Recomendaciones de la OCDE sobre Política Regulatoria y Gobernanza de 2012.

A continuación presentamos una síntesis de las principales conclusiones que arroja el análisis de la OCDE en cada uno de estos indicadores. Asimismo, mencionaremos el status a la fecha con la información disponible:

El 30 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, en cuyo marco se incorpora disposiciones que obligan a las Entidades del Poder Ejecutivo a realizar un Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de todas las disposiciones normativas de alcance general.

A continuación presentamos una síntesis de las principales disposiciones contenidas en dicha norma referidas exclusivamente al ACR:

El 17 de agosto de 2016 se presentó oficialmente en la ciudad de Lima el Estudio sobre Política Regulatoria de Perú elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE (“Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality), el cual constituye uno de los Estudios cuya elaboración se encargó a dicha organización internacional en el marco del Programa País[1].

Como antecedente relevante, cabe indicar que en la 14° sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, llevada a cabo en París el 14 de abril de 2016 (14th Meeting of the Regulatory Policy Committee – RPC), se presentó el reporte elaborado por la OCDE conteniendo la evaluación y conclusiones sobre la Política Regulatoria de Perú (“Regulatory Policy Review of Peru”). La presentación estuvo a cargo de los “peer reviewers” seleccionados por la OCDE en coordinación con el gobierno peruano, provenientes de Estados Unidos (Nathan Frey), México (Eduardo Romero) y Australia (Tony Simovski), así como de funcionarios de la organización. Este reporte finalmente ha sido el insumo para la elaboración del referido Estudio.

El Estudio[2]  evalúa las políticas, instituciones y herramientas utilizadas por el gobierno peruano para diseñar, implementar y ejecutar regulaciones (normas y decisiones regulatorias de tipo social, administrativa o económica en general). Esto incluye, la evaluación de las herramientas de evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, políticas de simplificación administrativa, políticas de inspecciones y enforcement, las prácticas de consulta pública, la gobernanza regulatoria en los gobiernos subnacionales y la gobernanza de los reguladores independientes. Asimismo, el Estudio proporciona recomendaciones de política para fortalecer la capacidad del gobierno para una adecuada gestión de la política regulatoria, de tal forma que se generen mejoras en la calidad de las regulaciones en los tres niveles de gobierno, acorde con las mejores prácticas internacionales. 

En ese contexto, el Estudio tiene siete capítulos. Los seis primeros incluyen la evaluación y recomendaciones de política que se hacen a las entidades públicas del gobierno central y subnacional, mientras que el último capítulo contiene la evaluación y recomendaciones aplicables únicamente a los reguladores económicos (OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS y OSITRAN).

La búsqueda de la mejora regulatoria fue promovida a nivel de la Unión Europea desde inicios de los 90´s . El movimiento del Better Regulation en el seno de la UE tuvo su origen en la cumbre europea de Edimburgo de diciembre de 1992, bajo la presidencia británica, en la que los jefes de Estados y de gobierno de los países europeos identificaron la necesidad de mejorar las regulaciones comunitarias. A ello le siguió, en 1995, la formalización de una declaración (N° 39) adjunta al Tratado de Ámsterdam, en la que se expuso la necesidad de que las autoridades europeas acuerden lineamientos para mejorar la calidad de la redacción de la legislación comunitaria y su implementación en beneficio de la UE y los ciudadanos. Posteriormente, el Consejo de Ministros de Administración Pública de la UE, reunido en Estrasburgo en el 2000, adoptó una resolución orientada a mejorar la calidad de las normas en la UE. A ello le siguió el Consejo Europeo de Lisboa del mismo año en donde se enfatizó la necesidad de adoptar una estrategia para mejorar la calidad de las normas en la EU, de tal forma de contribuir a la competitividad de la economía europea hacia el 2010. En ese contexto, en ese año se conformó el Grupo de Expertos de Alto Nivel Mandelkern para la mejora de la regulación.

La experiencia inglesa puede considerarse como el principal referente del movimiento del “Better Regulation”, dado que, como lo destaca Baldwin , fue la que aportó, ya en la década de los 80’s inclusive, las primeras iniciativas (promovidas por el gobierno conservador británico) que, aunque no adoptaron la terminología de mejora regulatoria, establecieron de manera explícita una política de desregulación orientada a aliviar a las empresas de la “carga regulatoria” (“regulatory burden”) y de las trabas burocráticas (“red tape”), para coadyuvar a la productividad y competitividad de las mismas. En ese sentido, una de las primeras iniciativas fue el “Libro Blanco sobre reducción de cargas burocráticas” (“White Paper, Lifting the Burden) de 1985, que se enfoca en los efectos negativos de los altos costos que implica el cumplimiento de la regulación por las empresas y, por tanto, en la necesidad de desregular mercados y de reducir los trámites burocráticos.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” constituyen en la actualidad dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de mejora regulatoria (conocidos generalmente bajo los rótulos de “Better Regulation”, “Regulatory Policy”, “High Quality Regulation” o “Red Tape Reduction ”), que han sido desarrollados e implementados por gran parte de los países industrializados (conformantes de la OCDE ) para contribuir de manera positiva y sostenida a su desarrollo económico y social.