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En México hemos trabajado la Mejora Regulatoria de manera formal e institucional desde hace 17 años. Los trabajos se han centrado, principal y obligatoriamente, en el análisis de los proyectos regulatorios que buscan emitir las dependencias del Gobierno Federal. Mientras que, para los Gobiernos Locales (Entidades Federativas y municipios), los trabajos realizados han sido de carácter voluntario e incentivados por los resultados del Doing Business Subnacional, más que por una obligación establecida en la Ley. El resto de las entidades del Estado Mexicano (Poder Judicial, Poder Legislativo, Organismos Autónomos, Empresas de participación estatal y Fideicomisos) han estado exentos de emprender acciones de Mejora Regulatoria desde sus competencias.

La Ley que ha resguardado la Política de Mejora Regulatoria en México desde el año 2000 hasta la fecha ha sido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), en su Título Tercero A, denominado “De la Mejora Regulatoria”. Asimismo, el Organismo que ha fungido como supervisor de la regulación federal y promotor de la política, ha sido la Comisión Federal Mejora Regulatoria (COFEMER) órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa.

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Una de las actividades o funciones que los ciudadanos reconocen como una actividad propia de las instituciones públicas, y por la que éstos juzgan la eficiencia de un gobierno, son los trámites.

Los trámites se conciben como obligaciones de información que el gobierno impone a los ciudadanos, empresas, y organizaciones sociales (particulares o regulados) y representan cargas de tipo administrativo, ya que se refieren a actividades de recopilación y entrega de documentos (papeleo) para solicitudes (de permisos, licencias, subsidios, etc.), generación de reportes, llenado de formularios, avisos o notificaciones, pagos, entre otras.

A estas actividades, los particulares deben dedicar tiempo para recopilar, generar y entregar la información requerida por las oficinas gubernamentales; ello con el fin de obtener un beneficio o servicio, cumplir con una obligación establecida en alguna normatividad, o bien para obtener cualquier resolución.

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Formalities or procedures are one of the activities or functions that citizens recognize as an activity of public institutions and by which they judge the government efficiency.

Formalities are conceived as information obligations that government imposes to citizens, companies, and social organizations (regulated) and represent administrative burdens because it refers to the collection and delivery of documents (red tape) applications (permits, licenses, subsidies, etc.), reports, filling of forms, notifications, payments, among others.

To do these activities, individuals should spend time to collect, generate and deliver the information required by government offices; this, with the aim to obtain a benefit or service, comply with an obligation established in regulations, or to obtain any resolution.

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