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El 17 de agosto de 2016 se presentó oficialmente en la ciudad de Lima el Estudio sobre Política Regulatoria de Perú elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE (“Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality), el cual constituye uno de los Estudios cuya elaboración se encargó a dicha organización internacional en el marco del Programa País[1].

Como antecedente relevante, cabe indicar que en la 14° sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, llevada a cabo en París el 14 de abril de 2016 (14th Meeting of the Regulatory Policy Committee – RPC), se presentó el reporte elaborado por la OCDE conteniendo la evaluación y conclusiones sobre la Política Regulatoria de Perú (“Regulatory Policy Review of Peru”). La presentación estuvo a cargo de los “peer reviewers” seleccionados por la OCDE en coordinación con el gobierno peruano, provenientes de Estados Unidos (Nathan Frey), México (Eduardo Romero) y Australia (Tony Simovski), así como de funcionarios de la organización. Este reporte finalmente ha sido el insumo para la elaboración del referido Estudio.

El Estudio[2]  evalúa las políticas, instituciones y herramientas utilizadas por el gobierno peruano para diseñar, implementar y ejecutar regulaciones (normas y decisiones regulatorias de tipo social, administrativa o económica en general). Esto incluye, la evaluación de las herramientas de evaluación ex ante y ex post de las regulaciones, políticas de simplificación administrativa, políticas de inspecciones y enforcement, las prácticas de consulta pública, la gobernanza regulatoria en los gobiernos subnacionales y la gobernanza de los reguladores independientes. Asimismo, el Estudio proporciona recomendaciones de política para fortalecer la capacidad del gobierno para una adecuada gestión de la política regulatoria, de tal forma que se generen mejoras en la calidad de las regulaciones en los tres niveles de gobierno, acorde con las mejores prácticas internacionales. 

En ese contexto, el Estudio tiene siete capítulos. Los seis primeros incluyen la evaluación y recomendaciones de política que se hacen a las entidades públicas del gobierno central y subnacional, mientras que el último capítulo contiene la evaluación y recomendaciones aplicables únicamente a los reguladores económicos (OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS y OSITRAN).

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