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mejora regulatoria

El 16 de setiembre de 2018 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1448, mediante el cual se modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, que regula el análisis de calidad regulatoria (ACR), y se perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria como parte de un proceso integral y continuo. 

Publicado previamente en http://mejoresgobiernos.com/2018/05/05/la-racionalidad-de-las-licencias-de-funcionamiento-municipal-en-mexico/

El proceso de apertura de empresas en México ha sido ampliamente documentado por el Banco Mundial a través del estudio denominado “Doing Business[1] en México” desde el año 2007. En su edición de 2016, el estudio señala que para abrir una empresa en México se requieren en promedio 8 trámites (federales, estatales y municipales desde un marco regulatorio concurrente), toma 14.6 días y supone un desembolso del 11.4% del ingreso per capita. El estudio afirma que abrir una empresa en México es más rápido y menos costoso en comparación con el promedio de los países latinoamericanos toda vez que el proceso en México es 20 días más rápido y cuesta un 40% menos. Sin embargo, en comparación con el promedio de los países de altos ingresos de la OCDE, es casi 2 veces más lento, requiere el doble de trámites y cuesta 3.5 veces más[2].

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018

A los miembros del Senado de la República
Presente

Me refiero al Dictamen de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aprobado el 6 de marzo de 2018, y el cual ha sido turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la que suscribe la presente, reconoce los esfuerzos de las instituciones mexicanas para la aprobación de la reforma constitucional y la expedición de una Ley General en materia Mejora Regulatoria.

La reforma del artículo 25 constitucional, realizada el 5 de febrero de 2017, en la que se obliga a las instituciones del Estado a implementar medidas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, es un ACIERTO de las instituciones mexicanas, ya que permitirá establecer las bases para hacer más eficiente la relación entre los ciudadanos y el Estado, y coadyuvará a racionalizar la emisión de regulaciones y la efectividad de las Políticas Públicas de todos los niveles de Gobierno. La Ley General de Mejora Regulatoria es una reforma que presenta dimensiones de gran envergadura, de ahí la importancia de su discusión y análisis.

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I. Antecedentes

Con fecha 09 de octubre de 2017, el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la Congresista María Úrsula Letona Pereyra, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto Ley N° 1988/2017-CR denominado “Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la Implementación de una Política de Mejora de la Calidad Regulatoria en Perú” (en adelante, el Proyecto de Ley).

Con fecha 11 de octubre de 2017, se derivó el Proyecto de Ley a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso, a efecto de que emita dictamen.

En tal sentido, el presente documento tiene como objeto emitir comentarios al Proyecto de Ley en general, y al articulado de manera particular, con miras a que puedan ser tomados en consideración por la Comisión dictaminadora.

El 3 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México dio a conocer los resultados de la Primera edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). El objetivo de esta encuesta, de acuerdo con lo establecido en el sitio web del INEGI es:

 

“Generar información con representatividad nacional, por entidad federativa y en municipios estratégicos, referente a las experiencias y percepción de las unidades económicas del sector privado sobre los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen las unidades económicas ya establecidas o que se quieren establecer en México, el impacto de los trámites, pagos, solicitudes e inspecciones que exigen o aplican los diferentes ámbitos de gobierno, con énfasis en la posible presencia de actos de corrupción para la realización de los mismos, así como la existencia y calidad de la infraestructura pública que ofrecen los gobiernos para un buen ambiente de negocios”.

Asimismo, se “busca identificar los elementos que inciden en su productividad, desarrollo y competitividad, así como los problemas que enfrentan estas unidades económicas y los mecanismos de resolución de conflictos en el marco de la Justicia Cotidiana”. 

08 Septiembre

La calidad regulatoria

Publicado en Blog

Artículo publicado en el Diario El Peruano, el 05 de setiembre de 2017.

“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la  OCDE- (1) para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley.

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanzas institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria deben ser utilizados, ate todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son material de regulación o supervisión. Por ello, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendado a escala internacional que las entidades públicas estén equipadas:

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