11 January

La Agenda de Mejora Regulatoria para América Latina en el 2019

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Los logros del 2018

El año 2018 fue de grandes logros y avances para la política de mejora regulatoria en América Latina, por mencionar algunos de los eventos más relevantes podemos señalar los siguientes: Argentina solicitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el primer Estudio de Política Regulatoria para ese país (próximamente a ser publicado) abriendo una seria posibilidad de implementar la política mejora regulatoria; en Chile, en agosto de 2018 el Presidente Piñera envío al congreso el Proyecto de “Ley Misceláneo de Productividad y Emprendimiento” que contempla algunas iniciativas de mejora regulatoria como por ejemplo: la formalización de los Informes de Productividad y Coherencia Regulatoria y la simplificación de la carga regulatoria[1]; en Colombia, a partir del 1 de enero de 2108 entró en vigor el uso obligatorio del análisis de impacto normativo (AIN también conocido como Regulatory Impact Assessment – RIA)[2] y, en el mes de junio, creó el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) el cual tiene como objetivo centralizar los procesos de la consulta pública de los proyectos normativos[3]Costa Rica inició con el pie derecho el 2018 ya que a finales del 2017 el Comité de Política Regulatoria de la OCDE emitió opinión favorable a la política que promueve la eficiencia y la calidad de las regulaciones[4] en ese país, entre el mes de julio y agosto de 2018, Costa Rica emprendió un amplia consulta pública para identificar los trámites más engorrosos y costosos para la ciudadanía y en el mes de noviembre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) firmó convenios con los municipios a fin de mejorar la competitividad del país, reducir los trámites y agilizar la apertura de empresas y permisos de construcción[5], es de señalar que Costa Rica ha venido impulsando e implementando la Política de Mejora Regulatoria de manera constante desde el año 2011; Ecuador, por su parte, emitió en mayo de 2018 el Decreto Ejecutivo 372 a través del cual se declaró como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites y se establecieron las reglas, objetivos e instituciones a cargo de la política[6]El Salvador aprobó y emitió su primera Ley de Mejora Regulatoria a finales de 2018[7], además de un trabajo intenso que realizó a lo largo del año en materia de simplificación administrativa; la República Dominicana emitió un Plan Nacional de Mejora Regulatoria en el mes de julio y creó la Ventanilla Única de Permisos de Construcción[8].

 

En México el 2018 fue particularmente relevante porque después de dieciocho años de haber institucionalizado en el año 2000 la Política de Mejora Regulatoria, a través del título tercero A, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se logró una reforma constitucional en la que se obliga a todas las entidades del Estado Mexicano a implementar acciones de mejora regulatoria y simplificación administrativa. Asimismo, la reforma constitucional ordenó la creación de una Ley General de Mejora Regulatoria, misma que fue emitida en el mes de mayo[9] de ese año. Desde mi perspectiva, las reformas más significativas que trajo consigo la Ley General fueron las siguientes:

 

1. La obligación para todas las entidades federativas y municipios de adoptar e implementar la política de mejora regulatoria, hasta antes de la emisión de la Ley, la adopción de la política ha sido a discreción de gobernadores y presidentes municipales, generando un vaivén en los procesos de madurez de los sistemas estatales de gobernanza regulatoria.

 

2. La creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria el cual será dirigido por un Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, lo que permitirá coordinar de mejor forma la política y sus prioridades a nivel nacional.

 

3. La creación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria que introduce en la gestión de la política a otros actores como, por ejemplo, ciudadanos, académicos, empresarios y representantes de centros de investigación.

 

4. La institucionalización del desarrollo de una Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.

 

5. Y el establecimiento de un plazo mínimo de consulta pública de 20 días hábiles para todos los anteproyectos regulatorios que sean sometidos al proceso de mejora regulatoria. Anteriormente, no existía un plazo mínimo de consulta pública, sólo plazos máximos de respuesta por parte de la autoridad de Mejora Regulatoria para emitir la opinión respecto de los anteproyectos regulatorios, lo que en algunos casos eliminaba la posibilidad real de que los particulares pudieran analizar los anteproyectos, emitir sus comentarios y que estos fueran considerados en el análisis de los anteproyectos regulatorios.

 

En Perú se continuaron los trabajos de implementación del Decreto Legislativo 1330 (emitido en junio de 2017) sobre las revisiones de calidad regulatoria en los ministerios de ese país y, a finales de 2018, se reformó el mismo decreto con el objeto de aprobar “medidas adicionales de simplificación administrativa” y “perfeccionar el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de la calidad regulatoria”[10]. De manera específica, se incorporó un numeral de obligaciones para las entidades del Poder Ejecutivo (2.12), se definió qué es la mejora de la calidad regulatoria en Perú y se establecieron como herramientas de la política, las siguientes: a) la simplificación administrativa; b) el Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos; c) el análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post; d) la consulta a través de sus diversas modalidades y e) el costeo de la regulación y de trámites.

 

Así, con todos estos avances en mejora regulatoria cerró América Latina el 2018, por lo que el 2019 se vislumbra como un año con grandes retos en implementación y cooperación entre las autoridades de mejora regulatoria de los países, los organismos internacionales que promueven las mejores prácticas regulatorias y los grupos de interés en cada país.

Los retos del 2019

Querbach y Ardnt (2017) han identificado, desde el 2017, algunas áreas de mejora de los sistemas de gobernanza regulatoria en los países de la región en el documento “Política regulatoria en América Latina: un análisis de la situación actual”[11]. En particular, de este documento he identificado y aquí retomado como retos, aún vigentes, los siguientes:

 

Brasil podría ampliar el campo de acción de la política regulatoria toda vez que en la actualidad se concentra en órganos reguladores independientes[12] (p. 39). Es decir, la política de mejora regulatoria puede ser aplicable de manera homogénea y armónica no sólo a los órganos reguladores, sino también a los ministerios y demás instituciones públicas de ese país. Asimismo, se ha identificado la importancia de crear un control de calidad del análisis de impacto regulatorio mediante un organismo gubernamental ajeno al ministerio que prepare la regulación (p.40).

 

Chile podría consolidar, promover y aprobar una política explícita de mejora regulatoria y apoyar su aplicación al crear un órgano de supervisión que la conduzca (p. 43). De acuerdo al documento “Regulatory Policy Outlook 2018” de la OCDE[13], Chile introdujo vía el instructivo presidencial 002 de 2016 la obligación de llevar a cabo el RIA en leyes, haciendo énfasis en un análisis de impacto en la productividad. Esta obligación la tienen todos los ministerios con temas de impacto en asuntos económicos. En 2018, se ha buscado formalizar la obligación vía el Proyecto de Ley de Productividad y Emprendimiento, respecto del cual, a la fecha, no se logró identificar si la ley ha sido emitida, lo que lo configura como un reto para el 2019 en Chile. Asimismo, la Comisión Nacional de Productividad de ese país se encuentra realizando un estudio para la definición y propuesta de una metodología de análisis de impacto regulatorio acorde a las buenas prácticas internacionales[14]. Tanto el proyecto de Ley antes señalado como este proyecto de metodología podrían ser el preámbulo para la aplicación sistemática de la política de mejora regulatoria en Chile.

 

Colombia podría consolidar las funciones de supervisión regulatoria actualmente fragmentadas en tres instituciones: el Departamento Nacional de Población (DNP) dirige la aplicación del Conpes 3816 y es responsable de difundir las buenas prácticas regulatorias en todo el gobierno; el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) tiene el papel de reducir las cargas administrativas y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCETUR) coordina y revisa las regulaciones técnicas propuestas (p. 46).

 

Costa Rica podría ampliar el campo de acción de su programa de política regulatoria, en cuanto a la aplicación de Análisis de Impacto Regulatorio a todas las propuestas regulatorias y no sólo aquellas que contienen procedimientos y trámites administrativos, es decir adoptar un enfoque integral en aras de la calidad regulatoria (p. 49).

 

Por otra parte, Ecuador, El Salvador, México, Perú y República Dominicana cuentan con el reto para el 2019, de implementar lo establecido en los nuevos marcos legales para la mejora regulatoria y desarrollar las capacidades técnicas de los servidores públicos en la materia, así como realizar una amplia sensibilización sobre la política y el uso de sus herramientas con los grupos de interés relevantes. Durante la implementación, será importante que los órganos encargados de ejecución de las nuevas disposiciones desarrollen planes o programas de implementación y los difundan en su sitio web a través de un micrositio específico en donde otorguen un seguimiento puntual de las disposiciones a implementar o ya implementadas, lo cual facilitaría la rendición de cuentas, el conocimiento y entendimiento de la política para los ciudadanos y para los diversos grupos de interés, y en el mediano y largo plazos coadyuvaría a la medición de los objetivos de las reformas y en su caso la identificación de los avances logrados.

 

De manera particular, será importante en el caso de México elaborar y emitir en el 2019 el Reglamento de la Ley General de Mejora Regulatoria y dar conocer cuántas Entidades Federativas han cumplido con la obligación de armonizar y/o emitir la nueva Ley de Mejora Regulatoria aplicable a nivel estatal y municipal apegada a los preceptos establecidos en la Ley General. Igualmente, será importante que la Comisión Nacional de Mejora de Regulatoria (CONAMER) pueda dar a conocer cuando se tiene programado empezar a operar las nuevas herramientas e instituciones de la Política, como por ejemplo, la integración del consejo nacional de mejora regulatoria y del observatorio nacional de conformidad con lo que señala la nueva Ley, el inicio de operaciones del procedimiento de protesta ciudadana, del Expediente para Trámites y Servicios y del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, entre otros. Para ello, será conveniente que la nueva administración del Gobierno Federal, que inició gestiones el 1 de diciembre de 2018, pueda hacer suyo el contenido de la Ley General, por lo que se recomienda hacer una revisión de las nuevas disposiciones y, en su caso, adicionar en el reglamento o en una breve reforma a la Ley los ajustes que considere oportunos[15].

 

Los retos de relevancia del 2019 para los organismos internacionales promotores de las buenas prácticas regulatorias, tales como: la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) serán, entre otros, apoyar técnica y/o financieramente (según su vocación) el desarrollo de capacidades para la mejora regulatoria, sensibilizar a los países sobre los beneficios de la cooperación técnica y la cooperación regulatoria y documentar los avances de los países en la materia y los logros alcanzados.

 

Otro foro internacional que tiene grandes retos en mejora regulatoria es el Tratado Comercial de la Alianza del Pacífico conformado por Colombia, Chile, México y Perú, países que han acordado, vía el tratado, la adopción y aplicación de herramientas de mejora regulatoria[16] en los marcos regulatorios nacionales. En este sentido, y en aras de la transparencia regulatoria y de la facilitación comercial, será recomendable que los países abran un espacio virtual en el que den a conocer al público en general y a los empresarios, los avances y acuerdos que se tomen al interior del Comité de Mejora Regulatoria del tratado, y se pongan a disposición los seguimientos a la implementación de las acciones de mejora regulatoria y los resultados de alcanzados.

 

Sin duda, el 2019 será un año de grandes retos de implementación para los hacedores de la política de mejora regulatoria en América Latina, a nosotros como ciudadanos nos corresponde participar activamente en las consultas públicas y en los foros a los que los reguladores y las autoridades de mejora regulatoria convoquen, así como abonar a la discusión y difusión de los trabajos que se realicen en la materia.

 

A trabajar para lograr mejores gobiernos más justos, eficientes, eficaces y transparentes.

¡Bienvenido 2019!

Síguenos en Twitter: @FabiolaOPerales @mejoresgobs

[1] https://www.minsegpres.gob.cl/noticias/presidente-pinera-presenta-agenda-de-productividad-y-competitividad/

[2] Decreto 1595 DE 2015. Artículo 2.2.1.7.5.4. Parágrafo transitorio. “Las entidades reguladoras tendrán plazo hasta el 1 de enero de 2018 para desarrollar las capacidades necesarias para el desarrollo de los análisis de impacto normativo – AIN; hasta esta fecha la presentación de los AIN será opcional. Una vez cumplido el periodo de transición señalado, este requisito será de obligatorio cumplimiento”.

[3] El SUCOP ya se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.sucop.gov.co/

[4] https://presidencia.go.cr/comunicados/2017/11/costa-rica-avanza-en-proceso-de-adhesion-a-la-ocde-en-el-comite-de-politica-regulatoria/

[5] https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=226380&SEO=gobierno-y-municipios-ticos-firman-acuerdos-para-simplificar-tramites

[6] https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/Decreto-Ejecutivo-372.pdf

[7] https://www.asamblea.gob.sv/index.php/decretos/details/3675

[8] http://competitividad.gob.do/index.php/es/sobre-nosotros/marco-legal/category/13-decretos#

[9] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523172&fecha=18/05/2018

[10] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-articulo-2-del-decreto-l-decreto-legislativo-n-1448-1692078-23/

[11] Querbach, T. and C. Arndt (2017), “Política regulatoria en América Latina: Un análisis de la situación actual”, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/940ec5c6-es pp 39 –

[12] Cabe señalar que en Brasil los reguladores que aplican las buenas prácticas regulatorias son reguladores de servicios públicos, tales como: agua, electricidad, telecomunicaciones, y tienen carácter de independientes.

[13] OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264303072-en

[14] http://www.comisiondeproductividad.cl/estudios/estudios-en-proceso-originados-por-cnp/definicion-y-propuesta-de-una-metodologia-de-analisis-de-impacto-regulatorio/

[15] En el siguiente link se presentan algunas recomendaciones y/o sugerencias que en el momento de discusión en el congreso otorgué: http://mejoresgobiernos.com/wp-content/uploads/2018/03/Propuesta-de-Modificacio%CC%81n-del-Proyecto-de-Decreto-por-el-que-se-expide-la-Ley-General-de-Mejora-Regulatoria_marzo082018.pdf

[16] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13138/SE_Capitulo_MR_protocolo_modificatorio_AP.pdf

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Fabiola Olivia Perales Fernández

Es Especialista en Mejora Regulatoria y Gobierno Abierto. Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Fue Directora de Evaluación de las Políticas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Directora de Gobernanza Regulatoria y Asuntos Internacionales en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Asimismo, ha participado en diversos proyectos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Medio Ambiente, como especialista en Mejora Regulatoria. Actualmente se desempeña como Consultora internacional en Mejora Regulatoria de Smart Regulation Peru.

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