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El Análisis de Impacto Regulatorio, es llamado también Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) o RIA por sus siglas en inglés (Regulatory Impact Assessment). En México, formalmente se le conoce como Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), y en otros países de América Latina que inician su adopción o implementación, como Colombia, le han llamado Análisis de Impacto Normativo. 

La RIA es una herramienta que ha sido ampliamente difundida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en las últimas dos décadas. La OCDE ha propuesto que el RIA sea utilizado de manera sistemática, desde las primeras etapas de la elaboración de las regulaciones.

Para tal efecto, la OCDE ha enunciado, en diversos documentos, los principios básicos del RIA, dejando en libertad, a los países miembros y no miembros, de decidir, con base en la visión y prioridades de su Política de Reforma Regulatoria, el grado de profundidad y el alcance del análisis, así como el tipo de propuestas regulatorias que debieran estar sujetas a un RIA.  

La OCDE define el RIA como un proceso de análisis para examinar y medir, ex ante, los beneficios, costos y posibles efectos de la regulación nueva o existente. Asimismo, lo conceptualiza como un informe analítico que ayuda a los gobiernos a tomar decisiones sobre problemas públicos.

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“Buena gobernanza” y “buena regulación” son, en la actualidad, dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, que han sido desarrollados e implementados entre los países “bien gobernados” -agrupados en la OCDE-[1], para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, así como para fortalecer el imperio de la ley[2].

Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanza institucional sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria, deben ser utilizados, ante todo, para asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales que son materia de regulación o supervisión. Es por ello que, con la finalidad de que la regulación impacte de manera positiva en el desarrollo económico y social, la OCDE ha venido recomendando a nivel internacional, que las entidades públicas estén equipadas:

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