La Política de Mejora Regulatoria es un conjunto de instituciones y herramientas que un Estado crea con el objeto de diseñar regulaciones de calidad y basadas en la evidencia. Por su parte, las regulaciones son un tipo de Política Pública, a través de la cual un Estado establece las “reglas del juego” para llevar a cabo una determinada actividad o, en general, para coexistir en sociedad.

Las regulaciones toman gran relevancia en el desempeño económico y social de un país porque ordenan los mercados y las conductas de los individuos, buscan salvaguardar el interés público y a través de éstas se adoptan teorías económicas, filosofías y, en general, visiones del mundo, para incrementar el bienestar de la sociedad, desde todas sus perspectivas. En concreto, las regulaciones son instrumentos de carácter jurídico y en ocasiones de también de carácter técnico, que implican obligaciones, facultades, beneficios, y/o restricciones a los particulares (empresas y ciudadanos).

Dado lo anterior, podríamos deducir en términos simples que la Política de Mejora Regulatoria tiene por objeto establecer las instituciones y herramientas que tendrán como tarea principal identificar los mejores esquemas de regulación en cada sector de la economía de un país. Es decir, el esquema que logre resolver mejor el problema planteado, el que garantice el cumplimiento de los objetivos de intervención del Estado, el que sea más sencillo de seguir y hacer cumplir, y en general el esquema que maximice los beneficios de la sociedad y le genere a la misma beneficios superiores a los costos de su cumplimiento.

En la era de la economía global, es obligado para todas las naciones idear un proceso permanente de revisión de las propuestas regulatorias, primarias (leyes) y secundarias (reglamentos, acuerdos, lineamientos, metodologías, similares), en etapas tempranas de la elaboración de las mismas, así lo ha recomendado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), insistentemente, en los últimos 22 años[1].

La creación de una Política de Mejora Regulatoria parece un reto mayúsculo, pues implica la coordinación y la cooperación de las entidades regulatorias de un país con un órgano central revisor de sus regulaciones, asimismo, conlleva abrir al escrutinio público las decisiones de política regulatoria de un gobierno, mediante la transparencia y la consulta pública. Estas dos acciones, naturalmente pueden generar temores en la clase política y en los altos mandos gubernamentales, ya que reducen la discrecionalidad de los reguladores.

Sin embargo, los beneficios de adoptar e invertir en una Política de Mejora Regulatoria son claros, entre estos, destacan: la promoción de la productividad y competitividad de los sectores económicos, la eficiencia y eficacia del marco regulatorio y con ello la promoción del Estado de Derecho; esta Política, garantiza la correcta solución de problemas que le competen al Estado y salvaguarda el interés público, promueve la cooperación entre el gobierno y la sociedad en una interacción permanente que permite aprovechar la inteligencia colectiva, y en promover la democracia, el desarrollo económico y social y la confianza en las instituciones públicas.   

México (2000), Costa Rica (2011) y más recientemente, El Salvador (2016) han adoptado formalmente la política de mejora regulatoria, replanteándose la forma de elaborar regulaciones y repensando el diseño y adopción de esquemas regulatorios per se. Otros países de América Latina, como Perú[2], Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, en la segunda década del siglo XXI, se encuentran realizando esfuerzos para adoptarla. Los retos, para implementar la política y palpar sus beneficios son significativos para toda la región, incluyendo México, por ello los gobiernos latinoamericanos deben procurar e invertir en el desarrollo de instituciones y capacidades para gestionar e impulsar la mejora regulatoria en todos sus órdenes y niveles. 

El cumplimiento irrestricto de las normas y la elaboración de las mismas basadas en la evidencia, debe ser parte de la cultura de los gobiernos latinoamericanos, ya no hay cabida para las “ocurrencias”, los “caprichos políticos” o para los “intereses personales”. El contexto internacional nos obliga a los latinoamericanos a contar con mejores marcos regulatorios que faciliten y atraigan la inversión, y que promuevan el desarrollo económico para generar bienestar social.

[1] Tomando como referencia de año base, la primera Recomendación del Consejo para la mejora de la calidad de la regulación gubernamental de la OCDE, emitida en el año de 1995.

[2] El Gobierno de Perú emitió el Decreto Legislativo N° 1310 sobre Análisis de Calidad Regulatoria, el 30 de diciembre de 2016.