“Buena gobernanza” y “buena regulación” constituyen en la actualidad dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de mejora regulatoria (conocidos generalmente bajo los rótulos de “Better Regulation”, “Regulatory Policy”, “High Quality Regulation” o “Red Tape Reduction ”), que han sido desarrollados e implementados por gran parte de los países industrializados (conformantes de la OCDE ) para contribuir de manera positiva y sostenida a su desarrollo económico y social.
Estos conceptos ciertamente no constituyen un fin en sí mismo. Un buen esquema de gobernanza (tanto institucional como organizacional) sumado a la implementación de una buena práctica regulatoria, deben ser utilizados, ante todo, para asegurar un buen desempeño de las actividades económicas o sociales que son materia de regulación, así como de los mercados caracterizados por la existencia de “monopolios naturales”. En este aspecto, la literatura económica reconoce la correlación positiva que existe entre una buena gobernanza institucional y el desarrollo de las infraestructuras de servicios públicos, en términos de productividad y competitividad, con el consecuente impacto positivo sobre la economía y el bienestar de la población, por ejemplo . Ciertamente esta correlación positiva no es independiente de las condiciones institucionales bajo los cuales se desempeñan los mercados, las industrias y la economía en general...
