El Análisis de Impacto Regulatorio, es llamado también Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) o RIA por sus siglas en inglés (Regulatory Impact Assessment). En México, formalmente se le conoce como Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), y en otros países de América Latina que inician su adopción o implementación, como Colombia, le han llamado Análisis de Impacto Normativo. 

La RIA es una herramienta que ha sido ampliamente difundida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en las últimas dos décadas. La OCDE ha propuesto que el RIA sea utilizado de manera sistemática, desde las primeras etapas de la elaboración de las regulaciones.

Para tal efecto, la OCDE ha enunciado, en diversos documentos, los principios básicos del RIA, dejando en libertad, a los países miembros y no miembros, de decidir, con base en la visión y prioridades de su Política de Reforma Regulatoria, el grado de profundidad y el alcance del análisis, así como el tipo de propuestas regulatorias que debieran estar sujetas a un RIA.  

La OCDE define el RIA como un proceso de análisis para examinar y medir, ex ante, los beneficios, costos y posibles efectos de la regulación nueva o existente. Asimismo, lo conceptualiza como un informe analítico que ayuda a los gobiernos a tomar decisiones sobre problemas públicos.

El informe RIA está compuesto por al menos, seis elementos: un apartado en el que se describe cuál es el problema que se busca resolver, otro en el que se definen los objetivos de intervención o lo que se pretende lograr con la propuesta, uno más en el que se definen e identifican las alternativas u opciones (regulatoria o no) que tiene el gobierno para resolver el problema planteado, enseguida debe incorporarse el apartado de evaluación de los impactos, a través del cual los reguladores deben identificar, cuantificar y monetizar (de ser posible) los costos y beneficios de las alternativas a fin de contar con elementos que permitan comparar los beneficios netos las alternativas, debiendo elegir aquella que genere beneficios superiores a los costos y el máximo beneficio para sociedad, en el entendido que la alternativa elegida igualmente atiende a completitud los objetivos planteados para resolver o mitigar el problema de política pública en cuestión. Una vez hecha la elección de la mejor opción o alternativa, se debe establecer desde el RIA ex ante, las estrategias de verificación y cumplimiento que llevarán a cabo los reguladores a efecto de asegurar que la regulación se implementará y aplicará correctamente en el corto y mediano plazo, e integrar en otro apartado las estrategias para evaluar el desempeño de la regulación en el mediano y largo plazo.

En este sentido, los reguladores deben conocer e implementar el proceso RIA de manera natural durante sus actividades. Desde el inicio de la gestación de la propuesta, los reguladores deben cuestionarse una y otra vez ¿cuál es problema?, identificar y documentar la magnitud y el origen del mismo, tener claridad de lo que se desea conseguir y el grado en el que se puede lograr, estar abierto a explorar las múltiples opciones que se tienen al alcance para resolver el problema, e incluso tener la disposición de investigar cómo se resolvió el mismo problema en otro país o en otra ciudad, para analizar los resultados y en su caso considerarlo como una opción más. Conforme se avanza en la definición del problema y la identificación de alternativas, de manera automática, los reguladores deben centrarse en identificar cuáles son los impactos de la propuesta, tanto los positivos (beneficios), como los negativos (costos), directos e indirectos, así como los grupos de interés que se verán afectados y aquellos a los que beneficiará la propuesta. 

El proceso RIA debe estar acompañado de ejercicios de #gobiernoabierto, como la #transparencia y la #consultapública. El informe RIA debe contener un apartado que resuma los resultados de la consulta pública previa, en su caso las opiniones vertidas por los grupos de interés ante los reguladores y la forma en la que estas opiniones fueron incorporadas en la toma decisiones de la política pública que se analiza.

El proceso RIA debe estar inmerso en las actividades diarias de los reguladores, de tal forma que la elaboración del informe RIA resuma todos los esfuerzos de análisis, discusión y diálogo entre las partes, y muestre las principales conclusiones del mismo. El regulador debe evitar que el informe RIA se convierta en un mero trámite para justificar la alternativa elegida ante el órgano de supervisión regulatoria, sin evidencia concreta ni análisis, ni discusión.

La esencia del proceso RIA es que de manera sistemática, intrínseca y natural los servidores públicos lo adopten en la toma decisiones de carácter regulatorio y que el informe RIA sirva como una herramienta de comunicación, útil para transmitir a los ciudadanos y a los grupos de interés las razones por las que se decidió implementar la medida regulatoria, mostrando en el informe la evidencia encontrada, las discusiones sostenidas y las justificaciones técnicas, jurídicas o de tipo económico que los llevaron a elegirla.

Las regulaciones son un tipo de política pública que establecen obligaciones a los particulares y, por ende, éstos deben incurrir en costos de cumplimiento, de ahí que los reguladores deban ser conscientes no sólo de las obligaciones que deben imponer para asegurar al bienestar social o el interés público, sino también del costo en los que incurrirán los particulares para cumplir con estás obligaciones. Para la cuantificación y monetización de los efectos, los reguladores deben desarrollar capacidades técnicas sobre el uso y aplicación de métodos y metodologías que sirvan para determinar los beneficios netos de la medida regulatoria, tales como: el Análisis Costo Beneficio, el Análisis Costo Eficiencia, el Análisis Multicriterio, por mencionar los más sencillos.

El arte de conducir un proceso RIA radica en estar abierto a romper esquemas o ideas preconcebidas sobre la forma de intervenir en un problema de política pública, así como estar abierto a recibir información relevante de las partes interesadas y estar dispuestos a explorar cómo esa información u opinión fortalece el análisis y ayuda a resolver mejor el problema.  

Tanto el proceso de RIA, como el informe RIA, tienen como finalidad garantizar la calidad de las regulaciones. El análisis y discusión que propone el proceso RIA promueve la eficiencia y la efectividad de las decisiones y la rendición de cuentas por parte de los reguladores, aunado a esto, los ejercicios de #gobiernoabierto permiten socializar y hasta cierto grado legitimar las propuestas regulatorias, promoviendo la #inteligenciacolectiva.

Los retos del uso correcto del RIA implican el impulsar dentro de los gobiernos y entre los gobernantes el tomar decisiones basados en la evidencia, y no en corazonadas, o intereses personales o de grupo. Implican ser disciplinados en el uso de la herramienta, buscando hacer los ejercicios de análisis lo más apegados al deber ser, evitando caer en la simulación con el fin de imponer una propuesta, abriéndose a todos los grupos de interés sin importar si son simpatizantes o no de las instituciones que emiten la regulación y evitando la captura regulatoria de instituciones reguladoras o del órgano de supervisión de la regulación.

La carga del uso correcto del RIA y su calidad, sin duda residen en primera instancia en los órganos reguladores y en segunda instancia en el órgano de supervisión de la regulación. Por ello, ambos actores deben promover continuamente el desarrollo de las capacidades técnicas en reforma regulatoria de todos sus servidores públicos, al mismo tiempo que el órgano de supervisión de la regulación debe contar con las facultades suficientes para evitar la emisión de mala regulación.

Los efectos de una mala regulación son evidentes para toda la sociedad y también son altamente costos, por mencionar un dato reciente, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) identificó en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) que las unidades económicas empresariales en 2016 llegaron a pagar en conjunto un monto aproximado de 1600 millones de pesos derivados de actos de corrupción por materias relacionadas con la regulación. Entre las principales causas sobresalen el soborno para: agilizar trámites, para evitar multas o sanciones, para obtener licencias, permisos o servicios, para evitar inspecciones y para evitar el cumplimiento de la Ley.

Un RIA malo o un RIA simulado, genera mala regulación o baja calidad en la regulación, lo que a su vez daña la competitividad del país, socava la ética e integridad pública de las instituciones, y termina por no resolver el problema público que la originó.